Sequía: los contratistas rurales piden medidas para evitar el corte de la cadena de pagos

La Federación Argentina de Contratistas de Maquinarias Agrícolas reiteró el pedido de reunión al ministro de Economía. Se busca una medida que alivie al sector en materia crediticia

La sequía está generando enormes complicaciones y pérdidas a los productores agropecuarios, pero también en otros sectores de la economía muy relacionados con la cadena del campo, como a los contratistas rurales. Representan actualmente casi el 70% de la producción primaria, mediante las labores en siembra y cosecha, y la inversión en nuevas tecnologías.

En un contexto de elevada preocupación e incertidumbre por los efectos de la sequía en la actual campaña agrícola, que podría generar una merma de casi el 40 por ciento en la cosecha total en comparación con el ciclo anterior, la Federación Argentina de Contratistas de Maquinarias Agrícolas (FACMA) envió una nueva carta al ministro de Economía, Sergio Massa, solicitando una audiencia para llevar los planteos del sector. El primer pedido de reunión se realizó en noviembre de 2022 y el segundo en enero pasado.

En la nota enviada al funcionario en las últimas horas, la entidad reclamó como medida urgente a aplicar, con el objetivo de evitar un corte en la cadena de pagos, la coordinación con el sistema financiero (bancos públicos y privados, y financieras de los fabricantes de maquinaria agrícola) deuna postergación de la cuota de mitad de año por créditos otorgados al sector y pasarla a la última cuota del plan de pago. A todo esto, los contratistas rurales aclararon que se debería implementar de manera distinta a una refinanciación, la cual representa un aumento de tasas y cambios en la situación crediticia del contratista y productor.

Los contratistas desarrollan una tarea vital en cada campaña agrícola. (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)

La realidad es que, frente a la escasez de granos que habrá en el presente año, los precios de las tarifas de cosecha tenderán a caer en línea con la creciente competencia que habrá entre contratistas. “Entendemos que el Estado tiene herramientas para coordinar políticas que eviten que el sector agropecuario sufra un quiebre, del cual sería muy difícil levantarse”, expresaron en la nota dirigida al titular del Palacio de Hacienda los integrantes de la Federación de Contratistas Rurales, y agregaron: “Estamos hablando del sector que moviliza la mayor parte de las divisas que ingresan al país. Es por eso que debe ser prioridad pensar en una ayuda que mantenga al agro con sus equipos, tecnología y personal en pleno funcionamiento”.

Impacto

Según la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías, durante febrero pasado aumentó en 1.000.000 de hectáreas la superficie total afectada por la ausencia de precipitaciones, la cual llega a 173.626.316 hectáreas, de las cuales 11.500.000 hectáreas corresponden a cultivos. Además se destacó que hay 24.333.868 cabezas de ganado alcanzadas por las condiciones climáticas adversas. A todo esto, se destacó que en el último mes aumentó en 19 millones de hectáreas la superficie que se encuentra en estado de “sequía severa

Por otro lado, ausencia de lluvias y la ola de calor de la semana pasada intensificó el impacto negativo sobre los cultivos de soja y de maíz, generando nuevos recortes en las estimaciones de cosecha total por parte de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. En el caso de la oleaginosa se plantea un escenario de producción de 25 millones de toneladas, cuando al inicio de la campaña se proyectaba en 48 millones de toneladas. Y ahora se estima que las mermas productivas se traducirán en una caída de USD 20.811 millones de las exportaciones, que representaría una reducción del 48% versus 2022

Por último, un estudio del consultor y productor agropecuario, Néstor Roulet, reflejó que del total de dólares que ingresarán al país por el cultivo de soja, el 60 % se los queda el Estado mediante el cobro de los derechos de exportación y otros impuestos. En el caso de campo alquilado y con un rinde promedio de 20 quintales por hectárea, el Estado se queda con casi el 65 % de los dólares que ingresan por una hectárea de soja mientras el productor que invierte, alquila campo y siembra pierde el 32 % de su inversión. Y en el caso de campo propio, el productor invirtió en su campo USD 558,87 por hectárea, de los cuales recupera USD 525,29 por hectárea, teniendo una pérdida de USD 33,48 por hectárea.