La vicepresidenta se enfrenta a la posibilidad de que le pidan una condena de entre 5 y 16 años de prisión, de acuerdo con la escala penal de los delitos por los que se la juzga: jefa de asociación ilícita y fraude al Estado. La causa se encamina a su resolución final en las próximas semanas.
Por la dinámica que tiene el juicio, que ya lleva tres años, los interrogatorios de la fiscalía, los enfrentamientos con las defensas y el celo puesto en defender la evidencia que pretende dejar expuesta en el juicio, es de suponer que el alegato de Luciani terminará con un pedido de condena.
Los jueces que llevan adelante este proceso son Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Según la acusación que motivó este juicio, la supuesta organización criminal “tuvo como jefes a los exprimeros mandatarios Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y como organizadores al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio Miguel de Vido, al exsecretario de Obras Públicas José Francisco López, al exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, al exadministrador General de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Guillermo Periotti, al amigo personal y socio comercial de los expresidentes Lázaro Antonio Báez, entre otras personas”.
La escala de las penas
El Código Penal castiga al jefe de una asociación ilícita con penas que llegan a los 10 años de prisión y al fraude en perjuicio de la administración pública con hasta 6 años. Como los delitos son en concurso real, se suman los máximos de la escala penal y por eso la pena posible a pedir es entre cinco años de mínima y 16 años de máxima.
Esto se aplica a los jefes u organizadores de la asociación ilícita, que serían De Vido, López y Carlos Kirchner. En el caso del resto de los acusados la mínima de la escala penal a aplicar es de tres años.
Los que quedan fuera de la asociación ilícita, que son el resto de los 13 imputados, se exponen a un pedido de pena de dos a seis años de cárcel, que es la escala para el delito de administración fraudulenta. Ellos son: Abel Claudio Fatala, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
