Investigan si los imputados por la mesa judicial se comunicaban con teléfonos encriptados

Está previsto que los legisladores que integran esa subcomisión realicen una inspección ocular en la sede del Banco Provincia donde registraron la reunión en la que funcionarios de la ex Gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal hablaron de una «Gestapo» para perseguir sindicalistas.

La justicia investiga si los imputados por integrar una mesa judicial bonaerense con el objetivo de perseguir dirigentes sindicales durante la gestión de María Eugenia Vidal utilizaban telefonía encriptada o satelital para comunicarse entre sí.

Así lo informaron fuentes cercanas a la investigación, que revelaron que esta semana el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, solicitó a la la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que «informe –previo levantamiento de la clasificación de seguridad conforme título V de la ley 25.520- si de los registros de ese organismo obran constancias que den cuenta que se les haya asignado» ese tipo de teléfonos a los imputados.

La solicitud menciona específicamente a Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia provincial); Roberto Gigante (exministro de Infraestructura); el senador provincial de Juan Pablo Allan; el intendente de La Plata, Julio Garro; Diego Dalmau Pereyra, exdirector de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani; y Juan Sebastián De Stéfano, exjefe del área de Jurídicos de la central de espías.

También requiere esa misma información sobre el resto de los imputados, el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Eugenio Villegas; Marcelo Jawroski (director de la empresa Copetro y vicepresidente de la Unión Industrial del Gran La Plata); Ricardo Alconada (presidente de la empresa Ocsa); y Guillermo Moretto (Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata).

Incluye también a Jorge Oscar Del Río (vicepresidente de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires Apymeco); a Fabián Cusini (constructor inmobiliario, presidente de Agrineco); Fernando Sacrachi (director de ACIP) y Bernardo Zaslascky (director de Acimco, Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción).

El juez pretende saber si todos ellos contaban con «aparatos de telefonía encriptada o satelital» y, de ser así, pidió a la AFI que «indique los números de abonados de los mismos y si fueron devueltos» a esa agencia.

Los imputados son quienes participaron de una reunión realizada en el 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se acordó avanzar en el armado de causas judiciales para perseguir a dirigentes sindicales, una estrategia que, de acuerdo con los audios que trascendieron, tendría el aval del Procurador bonaerense Julio Conte Grand.

Conte Grand fue citado para el martes próximo a la subcomisión bicameral de inteligencia del Congreso Nacional, donde el jueves el comisario Hernán Cassasa confirmó que son de su autoría los audios en los que menciona el accionar de la «mesa judicial» macrista y en los que detalla quiénes eran los funcionarios que la integraban.

Días atrás la justicia ya había ordenado investigar las llamdas del teléfono de la exgobernadora Vidal para determinar si tuvo participación en el armado de la mesa judicial, pero aún no fue decidida una medida similar para el caso de Conte Grand.

También, el martes próximo está previsto que los legisladores que integran esa subcomisión -los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés y el legislador de Juntos por el Cambio Miguel Angel Bazze- realicen una inspección ocular en la sede del Banco Provincia para conocer cómo estaban dispuestas la cámaras que registraron la reunión en la que se habló de una «Gestapo» para perseguir sindicalistas.

Según pudo reconstruir Telam, las cámaras con las que se grabó aquella reunión habrían sido colocadas por agentes de la AFI el 14 de junio del 2017, un día antes de que se concretara el encuentro de los funcionarios del gobierno de Vidal con empresarios y directivos de la central de espías.

Las cámaras habrían sido retiradas un día después del encuentro, el 16 de junio de 2017, que pudieron ingresar a la sede porteña del Bapro sin registrarse porque los estaban esperando y les dieron una ventana de tiempo para trabajar sin ser molestados.

En principio, se supo que hubo dos cámaras activas y un micrófono emplazado en el techo de esa sala del banco.