Gómez Alcorta destacó la importancia del financiamiento de las políticas de género

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad dijo que es un «paso enorme» el crédito de US$ 50 millones otorgado a nuestro país por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, destacó la importancia estratégica para la Argentina y a nivel regional de un crédito de US$ 50 millones otorgado a nuestro país por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar de forma directa políticas de género, de cuidado, y contra las violencias.

La ministra, en diálogo con Télam, calificó a este crédito de «paradigmático» y explicó que lo inédito de esta apuesta versa sobre dos ejes: «por un lado, implica una decisión política clara sobre la jerarquización de la agenda de políticas de género y contra las violencias por parte de un Estado nacional que entiende que es importante salir a buscar recursos para invertir en esta temática; y por otro lado, también nos parece un paso enorme que un banco regional tome la definición de financiar de forma directa políticas de género, lo que también es muy inusual».

El desembolso implicó «más de un año de trabajo del Ministerio junto a los equipos del Banco y la decisión del Gobierno nacional, encabezado por Alberto Fernández, de llevar esta gran cantidad de acciones adelante», refirió.

Nuestro país participa del organismo multilateral en carácter de socio extrarregional, y el crédito fue aprobado con el objetivo de financiar la construcción de 30 Centros Territoriales con perspectiva integral y federal, además de la nueva sede del propio Ministerio y la inversión en capacitaciones y tecnología para la creación de un sistema de alerta temprana.

Respecto de esta inversión en un dispositivo tecnológico para la protección, Gómez Acorta sostuvo que buscan «poder ponerlos a disposición de los municipios, que si bien tienen la particularidad de ser los gobiernos de cercanía y de caracterizarse por una mayor demanda directa, también tienen menos recursos para financiar este tipo de proyectos», y aseguró que apuntan a «fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y trabajar en el territorio», en una de las políticas que serán «enteramente» financiadas con los recursos provenientes de este préstamo.

Como Argentina ha sido vanguardia en políticas de género en la región, el otorgamiento del préstamo involucró además el compromiso por parte de nuestro país de brindar un acompañamiento en políticas de esta naturaleza a los países de Centroamérica a través de una serie de encuentros multilaterales e intercambios de experiencias.

Gómez Alcorta refirió que desde que asumieron el desafío de conducir esta cartera, lo hicieron con «la obligación de construir políticas fundacionales, sustantivas, que perduren en el tiempo y queden para siempre».

En ese marco, añadió: «Desde dejar materialmente instalado un edificio en donde funcionar, con la mirada propia de este Ministerio que implica que por ejemplo debía incluir un lugar para la primera infancia, porque son las políticas que creemos que el Estado tiene que promover, además de pensar una enorme cantidad de recursos, como el programa Acompañar, que hoy afecta ya a 21.000 personas, conlleva una gran parte de los recursos», y persigue el fin de fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTIQ+ en situación de violencia de género a través de un acompañamiento integral y de apoyo económico.

También sostuvo que desde un primer momento se propusieron el desafío de ir «por un cambio de paradigma para pensar las políticas de violencia por motivos de género, que implica una enorme cantidad de acciones», y aseguró que llevar algunas de ellas al BCIE resultó «realmente revolucionario».

«Nosotras teníamos una mirada completa de ese cambio de paradigma», afirmó y comentó que gracias a los programas que vienen llevando adelante, por ejemplo pueden hacer una derivación en el momento en que se enteran de una situación de violencia a un equipo interdisciplinario y con disponibilidad para acercarse prontamente, y dijo que «para ampliar este tipo de iniciativas necesitábamos presupuesto».

La sede del Ministerio también va a construirse en parte en razón de la ejecución del presupuesto de este préstamo e incluirá una visión territorial con el objetivo «de estar en todas las provincias, territorializar para estar cerca», para lo cual es que se van a construir los 30 Centros Territoriales y se invertirá en equipos y programas de acceso a derechos.

«Ambas políticas tienen un componente muy alto de financiamiento derivado del préstamo del BCIE», destacó la funcionaria, y comentó que se trata de un crédito con una tasa del 2,6%, con condiciones de financiamiento con cinco años de gracia para ser pagado.

Además, y en relación a la relevancia de poder contar con estadísticas que permitan el diseño de políticas públicas relativas a una problemática subregistrada debido a las dificultades que se presentan para llegar a concretar una denuncia, Gómez Alcorta destacó que «la política más trascendente que tiene hoy el Ministerio es la vinculada a la gestión de la información, que implica un trabajo enorme en términos de tecnología para conformar el Sistema Integrado de Violencia de Género«.

La idea es que en un único sistema pueda estar vinculada toda la información de casos en los que interviene el Estado nacional, provincial y municipal, el cual además se articulará con el Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, que unificará la totalidad de denuncias por violencia de género formuladas en dependencias policiales.

Mediante esta iniciativa se podrá observar además «la respuesta que el Estado dio frente a esas situaciones para sacar a la persona de ese estado de vulnerabilidad».

El crédito se encuadra dentro del Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Protección contra las Violencias por Motivos de Género, en una respuesta integral que beneficiará de forma directa a 258.000 mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ de las 24 jurisdicciones del país, y con un millón de beneficiarios indirectos.