El Gobierno «no está en guerra» con algún grupo empresario, sostuvo Ambrosini
«Esta es una ley y hay que cumplirla. Acá no existe una guerra contra nadie, solo queremos que se cumpla la ley. Eso les exigimos a las empresas, no sólo el Enacom, sino también el Poder Judicial», aseveró el titular del Ente Nacional de Comunicaciones.
Al declarar servicio público a las comunicaciones, el Estado asume la capacidad de aprobar los aumentos de tarifa.
La declaración de las comunicaciones como servicio público «es una ley y hay que cumplirla», afirmó este domingo el titular del Ente Nacional de Comunicaciones, Claudio Ambrosini, para subrayar que el Gobierno no tiene una «guerra» contra algún grupo empresario, al referirse a las presentaciones judiciales de distintas empresas del sector contra el DNU 690.
«Esta es una ley y hay que cumplirla. Acá no existe una guerra contra nadie, solo queremos que se cumpla la ley. Eso les exigimos a las empresas, no sólo el Enacom, sino también el Poder Judicial», aseveró Ambrosini, en declaraciones a Télam.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690, que declara servicio público, esencial y en competencia a la telefonía fija y móvil, la TV paga e internet, fue ratificado por el Parlamento en septiembre pasado.
Al declarar servicio público a las comunicaciones, el Estado asume la capacidad de aprobar los aumentos de tarifa que las empresas de cualquier tamaño y las cooperativas, pueden cobrar a los usuarios.
Para salir del congelamiento de precios dispuestos entre agosto y diciembre del año pasado, el Ente nacional de Comunicaciones aprobó un incremento desde enero del 5% en los precios de los servicios que las empresas con más de 100.000 clientes y del 8% para las que tiene menos usuarios.
Grandes empresas como Telecom, Telefónica y Telecentro, plantearon a la justicia la inconstitucionalidad del decreto, y facturaron enero con aumentos superiores a al 5%.
Grandes empresas como Telecom, Telefónica y Telecentro, plantearon a la justicia la inconstitucionalidad del decreto, y facturaron enero con aumentos superiores a al 5%
«La Justicia ya falló en tres oportunidades y rechazó la medida cautelar que las empresas presentaron: una fue en el caso de DIRECTV y Telecentro, otra con Telefónica, y ahora con Telecom», recordó Ambrosini.
«Esto es, le da la razón al Estado respecto a la fuerza de ley que tiene el Decreto 690, ratificado por el Congreso, y reafirma la resolución de Enacom y las decisiones que tomó el Poder Ejecutivo», agregó el funcionario.
Precisó que las empresas que facturaron por encima del incremento autorizado por el ente, «ya fueron intimadas por Enacom, por lo tanto, deberán devolver de manera urgente el dinero que cobraron de más, ya que el fallo de la Cámara sostiene que las prestadoras no demostraron que con el aumento autorizado se vean perjudicados sus planes de inversiones».
En tanto, la semana pasada se difundió el fallo del juez federal Ricardo Bustos Fierro, quien dictó una cautelar a favor de la empresa Tv Cable Color, de Villa del Rosario, Córdoba.
Entidades de la talla de Asiet (que reúne a empresas de telecomunicaciones de la región) y Atvc (que nuclea a las operadoras de tv paga) emitieron comunicados a favor de la no aplicación del DNU, entendiendo que la injerencia del Estado en la definición de precios llevaba a una degradación del servicio por la imposibilidad de sostener las inversiones.
Desde el Enacom, aclararon que la medida cautelar del Bustos Fierro sólo impacta sobre los abonados de TV Cable Color, y que el DNU 690 y los incrementos autorizados por el ente siguen vigentes para todo el mercado.
En el sector privado, referentes de las grandes empresas indicaron a Télam que «no queremos perder el diálogo con el Gobierno», y que «ajustaremos los precios a lo que establece la ley, pero también tenemos derecho a pedirle a la justicia que defina la constitucionalidad del decreto».
Para la facturación de febrero, el Enacom autorizó aumentos del 7% para las empresas y cooperativas que tienen menos de 100.000 abonados.
«El 7% es el camino correcto, aún cuando no nos alcanza», dijo a Télam el cooperativista Antonio Roncoroni, quien junto a otras federaciones plantearon al Enacom que necesitan un incremento del 9%.
Consultado por los planteos contra el DNU en la justicia, Roncoroni señaló que las tarifas de telecomunicaciones «se resuelve con diálogo, si creyera en el camino de la judicialización hubiera hecho una presentación».
También el titular de la cámara argentina de internet, Ariel Graizer, remarcó que aún con el aumento del 7% para febrero «hay muchos proveedores de internet del interior que están pensando en vender, porque con los precios que se autorizaron no se alcanzan a pagar los costos».
«Estamos en diálogo abierto» con el Enacom, «necesitamos claridad a futuro», agregó Graizer en diálogo con Télam.
Entre tanto, desde las entidades de defensa de los consumidores indicaron a Télam que «varias empresas que facturaron en enero con aumentos por encima del 5% están reintegrando a sus clientes la diferencia en las facturas de febrero, y algunas ya nos dijeron que lo harán en marzo».
Mientras que «la única que no ha reintegrado y que volvió a facturar en febrero con aumentos del 20% es Telecom», dijo el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y los Consumidores, Osvaldo Bassano.
Tanto Bassano como María Fernanda Lacey de la Unión de Usuarios y Consumidores, no descartaron acciones judiciales desde las entidades de consumidores para apoyar la defensa del DNU 690.
Ambos remarcaron la importancia de que los usuarios individuales reclamen a cada empresa los aumentos por encima del 5% que hayan percibido en sus facturas de enero y/o febrero.
«Los usuarios tiene que pedir el número de reclamo y con ese dato registrar en el sitio del Enacom el reclamo hecho al operadora. cada reclamo individual suma», subrayó Lacey.
