Aníbal Fernández: «La autoridad la ejercemos sin necesidad de pegarle a nadie»

Fernández aseguró en la entrevista con Télam que «el deber del Estado es que no haya violencia institucional; hay que predicarlo con el ejemplo», advirtiendo que la «aberración» por los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en cuyas muertes estuvieron involucradas las fuerzas federales, «no se tiene que repetir».

Además, Fernández aseguró que el Gobierno nacional no está dispuesto a «reprimir ni cosa que se la parezca» ante el conflicto con la comunidad mapuche en Chubut y Río Negro, al advertir que la «aberración» por los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en cuyas muertes estuvieron involucradas las fuerzas federales, «no se tiene que repetir».

El ministro recibió a Télam en la sede de la cartera de Seguridad ubicada en la calle Gelly y Obes 2289 del barrio de Recoleta, a metros de la Biblioteca Nacional, en el marco de la serie de entrevistas de esta agencia con los integrantes del Gabinete para analizar las metas de gestión en 2022.

Fernández abrió su despacho del séptimo piso del Ministerio, en cuyas paredes sobresale un retrato del funcionario junto al presidente Alberto Fernández, con quien lo une una relación de amistad. En la foto, enmarcada y colgada en uno de los laterales de la amplia oficina, ambos están abrazados.

Tras su vuelta a la gestión pública el 20 de septiembre último, después de una extensa trayectoria tanto en la provincia de Buenos Aires como en las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, Fernández aseguró que «el deber del Estado es que no haya violencia institucional; hay que predicarlo con el ejemplo».

-Télam: ¿Cuáles son los objetivos del Ministerio de Seguridad para este año?
-Aníbal Fernández: Tomamos esta gestión hace 3 meses. Uno de los primeros objetivos que nos planteamos es estar en determinados lugares del país donde, entendemos, se necesita el profesionalismo y la presencia de las fuerzas de seguridad en todo su sentido. Hemos tomado el conurbano bonaerense, Rosario, La Pampa, Río Negro, el sur (en Pino Hachado, donde detuvimos a 3 chilenos, uno de ellos con doble nacionalidad, con muchas municiones que fueron decomisadas), Salta y Misiones. Seguimos trabajando con ese esquema, que es el que más nos interesa. Profesionalizando las fuerzas.

Todos los institutos tienen que tener un pico de preparación y desarrollo de las fuerzas de seguridad. Tienen que estar en permanente preparación, no solamente tirando tiros. Eso es importante para alguien que, eventualmente, tiene que ejercer el monopolio de la fuerza que le confiere la Constitución para defensa de los intereses, la vida, los bienes y la libertad de los ciudadanos, pero también tiene que tener un montón de otras cualidades para las que hay que prepararse.

 

– T: ¿Cómo se afronta el conflicto en Río Negro con la comunidad mapuche?
-AF: La Constitución, en su artículo 75 inciso 17, le confiere la atribución al Congreso de la Nación respecto de los pueblos indígenas, lo dice con toda claridad, y exige que se genere una mesa de diálogo para encontrar soluciones. Tuve una muy buena charla con la gobernadora Arabela Carreras, que coincide en esa visión. Era imperioso que ellos fueran encontrando con las distintas comunidades un ámbito para poder sentarnos. Ofrecí inclusive viajar para participar, si es necesario, y colaborar de la mejor manera con su gestión. La tarea es esa.

También recibí al viceministro del Interior de Chile (Juan Francisco Galli), que es a la sazón el responsable de la seguridad. Charlamos mucho. Me explicó todo lo que estaban haciendo ellos en La Araucanía, donde tienen una preocupación muy severa, y yo le contaba que parecía que las cosas fueran parecidas, pero no lo son: ellos tienen un estado de sitio y un lugar militarizado. Nosotros no: ni tenemos el lugar militarizado ni estado de sitio. Y no somos gente que está dispuesta a reprimir ni cosa que se le parezca. La aberración que vimos con los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel no se tiene que repetir. Para hacer eso, el responsable civil, que en este caso vengo a ser yo, tiene que estar muy lúcido con todo su personal civil para pensar cómo actuar de la mejor manera y tener el cuidado que tiene que tener.

Lo que no significa que no se ejerza la fuerza cuando le toque la responsabilidad porque es el titular del monopolio como lo confiere la Constitución. Pero no vamos a hacer ninguna acción de esa característica habiendo posibilidades ciertas de sentarse, dialogar y encontrar salidas alternativas que son las que la Constitución propone.

-T: ¿Qué diferencia hay con la gestión de Cambiemos en el abordaje de la problemática del narcotráfico en Santa Fe?
– AF: Nosotros estamos trabajando en serio. Es lo que más claro se puede ver. Nos interesa que lo que ingresa a la Argentina pueda ser detenido y nos interesa que los responsables sean detenidos. Argentina siempre fue un país de tránsito. Eso, que venía de los informes de Estados Unidos, no lo inventaba yo, nos graficaba con claridad que las sustancias iba a otro lugar del mundo donde valían 10 ó 100 veces más que en la Argentina. Eso lo vemos con mucha seriedad porque tenemos que encontrar alternativas que nos permitan estar atentos antes de que se estén produciendo los movimientos, esto es, trabajar con inteligencia y de manera paciente, porque lleva tiempo. Hay que escuchar, mirar, vigilar y estar presente en todos los lugares en los que se tiene que estar, para que, eventualmente, ante el que quiera pasar por Argentina y mandar cualquier sustancia a Europa o Estados Unidos, nosotros podamos actuar en consecuencia. Eso no se vio nunca.

Lo que se veía era lo que se podía encontrar en los caminos cuando lo dejaban para que se «enfriara». Así se dice en la jerga: algo lo agarran y lo dejan. Si nadie se mete, nadie lo busca y se enfrió, se lo llevan. Esto es lo que veíamos. Nosotros estamos actuando porque estamos yendo a buscarlos. Entonces, nuestra tarea tiene que ser una tarea muy importante en cuanto a la presencia, participación y preparación de la inteligencia criminal de las 4 fuerzas que tienen excelente tarea de preparación.

-T: ¿Qué demandas puntuales tiene el Gobierno de Santa Fe, además de una mayor presencia de las fuerzas?
-AF: La mayor presencia de las fuerzas siempre es un error. Cuando yo hablé con el gobernador Omar Perotti, que fue el mismo día en que asumí, el planteo que me hacía era más o menos el planteo que yo conocía de lo que estaba sucediendo en Santa Fe, y puntualmente en Rosario. Hace muchos años que está sucediendo esto, y eso fue produciendo metástasis en muchas tareas legales y otras ilegales. Estamos trabajando sobre eso, pero no podemos actuar en la manera en que se tendría que actuar si la Justicia no nos da más elementos para trabajar, porque fuimos ahí como auxiliares de la Justicia. Así y todo, todos los efectivos que tenemos dispuestos en ese lugar ya llevan más de 200 detenciones actuando como corresponde. Seguiremos trabajando de la misma manera.

-T: Lo consulto por la violencia institucional a partir de los casos de Miramar y Barracas, donde los jóvenes Luciano Olivera (16) y Lucas González (17), respectivamente, fueron asesinados por fuerzas policiales. ¿Cuál es el deber del Estado para evitar que pase esto?
-AF: El deber del Estado es que no haya violencia institucional. Eso hay que predicarlo con el ejemplo y estar todo el día sobre ese punto. Cuando yo veo que hay 3 ó 4 personas que andan en un coche desvencijado, los tipos mal trazados, sin patente en el auto, con un idioma poco serio, sin identificación, que van por 4 pibes que van a comprar un jugo, ¿qué querés que te explique? No te puedo explicar nada. Ahora, ¿yo le voy a echar la culpa a (el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo) D’Alessandro? ¿O a la Policía de la Ciudad? Es mentira eso, no es verdad. Al grupo que tiene que ver con eso, o a los que quisieron encubrirlos, a ellos son a los que tenemos que sancionar, no a la fuerza que no tiene por qué cumplir como si fueran un mal endémico de la totalidad del universo. No lo es. Hay que respetarla porque muchos están haciendo un trabajo, en otros lugares, bien hecho.

-T: Sin embargo, según datos de la Correpi, la Policía de la Ciudad multiplicó por cuatro su incidencia en estos casos, pasando del 1,2% al 5,2% en los últimos dos años.
-AF: Pero son datos de la Correpi que yo no conozco, no tengo por qué no creerlo, pero no soy el celador de la Ciudad. Yo solamente hago una valoración desde las fuerzas federales. Como a partir del Gobierno del impresentable de (Mauricio) Macri, tanto la Ciudad como la provincia y la Nación tenían el mismo color político, tomaron lo que proponía el artículo 129 de la Constitución de llevarse las 53 comisarías. La calle la manejan ellos ahora. Nosotros miramos lo que está. Sobre lo otro nosotros no tenemos por qué debatir. Lo que dice la Correpi, que debe ser cierto, no tengo por qué debatirlo. Que lo debatan con la Ciudad eso.

-T: ¿Es posible pensar fuerzas de seguridad que sean democráticas y que eviten este tipo de hechos?
-AF: Las fuerzas de seguridad son democráticas porque las eligen democráticos que fueron elegidos por la democracia. ¿Cómo se tienen que comportar? Como el poder civil le indique. Para eso hay profesionales que tienen que actuar como la profesión le indica. Los que tienen que pensar en este lugar son los civiles. En este caso, la punta de esa pirámide soy yo, y mi personal que tiene que estar pensando las políticas que se llevan a la práctica y las ejecutan los profesionales que son de muy buen nivel: la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Tanto en momentos en que tienen que comportarse pacíficamente, y sin ningún tipo de complicaciones, como cuando tienen que actuar cuando no se presta atención al ejercicio de la autoridad. La autoridad la ejercemos y la vamos a ejercer sin necesidad de pegarle a nadie. No creemos en eso de tener que salir a los palazos con nadie.