Alberto Fernández y Cristina Kirchner pujan en silencio por el control político de la campaña electoral y el Frente de Todos

El jefe de Estado inició una ofensiva para apropiarse de la candidatura presidencial, mientras que CFK sólo apunta a triunfar en la provincia de Buenos Aires y preservar su influencia en el Congreso.

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner libran una batalla silenciosa que se origina en pronósticos enfrentados: el Presidente cree que puede vencer a Juntos por el Cambio, si el Frente de Todos acepta su candidatura y apoya su estrategia electoral. En cambio, la Vicepresidente considera que la derrota está sellada, que se debe preservar el control de la Provincia de Buenos Aires y mantener el número de legisladores en las bancadas de la Cámara de Diputados y del Senado.

La divergencia entre Alberto Fernández y CFK desemboca en una coincidencia que tiñe todos sus análisis: apuestan a controlar los resortes y palancas del Frente de Todos. El Presidente para lograr su reelección; la Vicepresidente para quedarse con la organización partidaria, si al final su augurio personal se transforma en un hecho político.

En definitiva, el jefe de Estado y Cristina luchan por el poder en el peronismo y la forma de su destino.

Alberto Fernández intenta seducir a los protagonistas clave del Frente de Todos con el embate constante contra la Corte Suprema. Cree que al final tendrá el respaldo del justicialismo, pese a la mirada adversa de CFK. Esa táctica no garantiza resultados en la interna partidaria y causa un profundo cuestionamiento en el voto blando que puede garantizar su acceso al balotaje.

En las cercanías del Presidente se reconoce este juego de suma cero, y explican que la gestión podría suavizar el juicio crítico de la opinión pública. Es decir: el embate arbitrario contra Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda causaría fuertes costos políticos al principio de la campaña electoral, y después los resultados del plan de estabilización recompondría el humor social y el Frente de Todos estaría en condiciones de vencer a Juntos por el Cambio.

Todos los cálculos de la Casa Rosada tienen un final incierto. Nadie le garantiza a Alberto Fernández que su cruzada contra la Corte le permitirá sumar a la maquinaria del Frente de Todos, que la opinión pública olvidará los acontecimientos que prepara el oficialismo en la Comisión de Juicio Político de Diputados y que la economía llegará a las PASO con una inflación de tres puntos, un dólar estable y el PBI en permanente crecimiento.

La iniciativa oficialista que solicita el juicio político a la Corte reclama la declaración testimonial de Rosatti, Rozenkrantz, Lorenzetti y Maqueda. Esa medida puede transformar el equilibrio de poderes en un aquelarre. Y convertir los cálculos electorales del Presidente en papel mojado.

Es poco probable que los integrantes del alto tribunal decidan concurrir a la Cámara de Diputados, y es muy posible que al final opten por testimoniar de manera escrita. El artículo 250 del Código Penal Procesal ampara a Rosatti, Rozenkrantz, Lorenzetti y Maqueda frente al requerimiento del bloque peronista.

“No estarán obligados a comparecer el presidente y vicepresidente de la Nación; los gobernadores y vicegobernadores de provincias; el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ministros y legisladores nacionales y provinciales; los miembros del Poder Judicial de la Nación y de las provincias; los ministros diplomáticos y cónsules generales; los oficiales superiores de las fuerzas armadas desde el grado de coronel o su equivalente, en actividad; los altos dignatarios de la Iglesia y los rectores de las universidades oficiales”, establece el artículo 250 del Código de Procedimientos.

Sin embargo, la bancada oficialista en Diputados tiene intención de aplicar el artículo 12 del reglamento de la Comisión de Juicio Político. Ese artículo sostiene: “Los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión a testimoniar”.

Una simple lectura a la Teoría Pura del Derecho escrita por Hans Kelsen podría evitar el eventual escándalo político. Una regla administrativa de una comisión parlamentaria no puede derogar un artículo de un código de Procedimiento. Esa regla de funcionamiento interno de una comisión legislativa tiene un rango inferior al código de Procedimientos en la Pirámide de las Leyes que describió Kelsen.

Los diputados del Frente de Todos son mayoría en la Comisión de Juicio Político. Y podrían resolver que los jueces de la Corte deben concurrir a declarar como testigos. En ese momento, si al final Rosatti, Rozenkrantz, Lorenzetti y Maqueda se amparan en la vigencia del artículo 250, el conflicto de poderes será un hecho irrefutable.

Alberto Fernández necesita que el Plan de Estabilización de Sergio Massa funcione para mantener su deseo electoral. El ministro de Economía asegura en Balcarce 50 que la inflación del primer trimestre estará en cuatro por ciento de promedio y que a partir de abril el índice de precios se estacionará en un rango del tres por ciento.

Massa explicó al Presidente que el desafío es reducir la inflación y recuperar el ingreso sin enfriar la economía. Alberto Fernández confía en el titular del Palacio de Hacienda y ajusta su discurso de campaña bajó esos parámetros del Plan de Estabilización.

“Es gestión, bajar la inflación y pegarle a (Mauricio) Macri”, argumenta un ministro que vive a la sombra del jefe de Estado.

El comité de campaña de Alberto Fernández es pequeño. Santiago Cafiero, Gabriela Cerruti, Victoria Tolosa Paz, Vilma Ibarra, Juan Manuel Olmos y Julio Vitobello. El Presidente no tiene gobernadores leales, intendentes afines, sindicalistas propios y legisladores que sean su voz en el Congreso. Con este equipo minimalista, sueña con permanecer la Casa Rosada hasta 2027.

Massa se mantiene al margen de los proyectos electorales. Hace equilibrio todos los días entre Alberto Fernández y CFK, su obsesión es el plan económico y sería una sorpresa que decida competir contra el Presidente en las PASO del Frente de Todos. El ministro no quiere mutar de Massa a Massaccesi, el candidato radical que solo sacó el 17 por ciento de los votos contra Carlos Menem en 1995.

Cristina Fernández de Kirchner no tiene intenciones de jugar en la campaña presidencial. La Vicepresidenta hace el siguiente cálculo político:

1. Si avala un candidato en las PASO y pierde con Alberto Fernández, su poder se desgastará.

2. Si respalda un candidato en las PASO, le gana al Presidente y luego va contra Juntos por el Cambio, cree que perderá. Y eso también sería un costo político.

3. Entonces, si hay candidato presidencial con el sello del kirchnerismo, el apoyo será testimonial.

4. Asimismo, en el marco de su estrategia electoral, aguarda que haya muchos candidatos en las PASO del peronismo. Considera que cualquiera de ellos va a perder ante Juntos por el Cambio, entonces quedaría como la única referencia partidaria ante la posible derrota.

5. La maquinaria electoral del Frente de Todos se usará para ganar en la Provincia de Buenos Aires y retener la mayor cantidad de legisladores en el Congreso.

6. Ya no le importa la candidatura de Alberto Fernández, le importa el resultado.

7. Considera que un eventual derrota del presidente u otro candidato partidario en un porcentaje de más 10 puntos contra Juntos por el Cambio, implicaría que se queda con el control del peronismo para diseñar un regreso a la Casa Rosada en 2027 a través de la gestión en Buenos Aires y la oposición desde el Parlamento.

La estrategia electoral de CFK no significa que Alberto Fernández podrá moverse con absoluta libertad partidaria. La Vicepresidenta está decidida a evitar que el Presidente se acerque a su candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires -hasta ahora Axel Kicillof- y que participe en actos proselitistas que se organizan para cumplir con el objetivo de mantener la mayoría relativa de diputados y senadores en el Congreso.

Cristina soslaya al presidente candidato, pero no quiere que aparezca en los escenarios partidarios que levantará para coronar su estrategia proselitista. Alberto Fernández ya está acostumbrado a este inédita circunstancia política: cada vez que la Vicepresidenta hace un acto en la Provincia, el jefe de Estado no es invitado por los organizadores del propio partido que conduce.

La puja interna para controlar la campaña presidencial y el Frente de Todos recién inicia. Ambas facciones internas pactaron una tregua tacita durante el juicio político a la Corte Suprema, y después se aguarda una fricción in crescendo con final abierto.

Alberto Fernández y Cristina se juegan su destino personal. Y ninguno de los dos tiene intenciones de ceder.