Aerolíneas Argentinas: entre el ajuste, un decreto privatizador de Milei y la tensión con los gremialistas
El Gobierno nacional busca declarar la compañía “sujeta a privatización”. La decisión se enmarca en un contexto de fuertes críticas a la gestión estatal por su alto déficit financiero, mientras enfrenta una creciente resistencia de sectores sindicales y opositores
La semana pasada el Gobierno nacional anunció el inicio de conversaciones con varias empresas privadas para gestionar una posible venta de Aerolíneas Argentinas. En las últimas horas Nación fue un paso más allá y adelantó que la semana próxima se emitirá un decreto para que las compañía quede “sujeta a privatización”.
Según declaraciones del portavoz presidencial, Manuel Adorni, la empresa estatal ha generado un déficit crónico que ha obligado al Estado a inyectar más de 8.000 millones de dólares desde su estatización en 2008. Esta situación, sumada a una estructura operativa sobredimensionada -con 1.204 pilotos para solo 81 aviones activos- ha sido señalada como insostenible por la administración de Javier Milei.
La privatización de Aerolíneas Argentinas se enmarca en la Ley de Reforma del Estado de 1989, que permite al Ejecutivo declarar a la empresa “sujeta a privatización”, aunque esta medida aún deberá ser aprobada por el Congreso, donde el partido de Milei no cuenta con mayoría. El decreto que habilitaría la venta de la aerolínea podría ser firmado en los próximos días, pero enfrenta una fuerte resistencia tanto de sectores opositores como de los sindicatos aeronáuticos, quienes han advertido sobre los riesgos para los trabajadores y la conectividad aérea en el país.
El gobierno defiende la privatización como parte de un plan más amplio de reducción del gasto público, argumentando que no existen “aerolíneas de bandera serias” gestionadas completamente por el Estado. Señalan como ejemplo a otras aerolíneas en el mundo, como Air Canada o Lufthansa, donde la participación estatal es mínima o nula. Además, se ha avanzado en la desregulación del mercado aerocomercial para abrir la competencia en rutas nacionales y eliminar las bandas tarifarias, lo que, según el gobierno, permitirá un servicio más eficiente y competitivo.
Sin embargo, la medida no está exenta de controversias. Los críticos apuntan a que una privatización podría afectar negativamente las rutas menos rentables, que suelen conectar pequeñas localidades del interior del país. Asimismo, los sindicatos han alertado sobre posibles despidos masivos y han convocado a huelgas en señal de protesta, afectando a miles de pasajeros en las últimas semanas.
Por su parte, Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas, aseguró que la compañía ha logrado reducir costos en los últimos meses y reportó ingresos positivos en julio, los mejores de los últimos siete años. Sin embargo, los constantes conflictos gremiales y las huelgas han impactado negativamente en las operaciones, con pérdidas millonarias adicionales. Los gremios aeronáuticos, en especial los pilotos, exigen mejoras salariales, lo que ha intensificado las tensiones con el gobierno. La discusión en el Congreso será clave para determinar el futuro de Aerolíneas Argentinas.
Las claves del decreto
El presidente Javier Milei firmará un decreto la próxima semana con el que buscará acelerar el tratamiento legislativo de la privatización de Aerolíneas Argentinas. La norma declarará a la compañía estatal como disponible para privatizar, aunque para alcanzar ese objetivo el oficialismo deberá conseguir primero una sanción en el Congreso.
En detalle, el camino que buscará el gobierno para desprenderse de Aerolíneas Argentinas es el siguiente:
- El decreto de Milei declarará a la compañía estatal como sujeta a privatización amparada en el artículo noveno de la Ley N° 23.696 –Ley de Reforma del Estado-.
- Una vez publicada en el Boletín Oficial, en línea con el artículo 9° de la Ley N° 23.696, el Poder Legislativo deberá asignarle “trámite parlamentario de preferencia” a la norma.
- En el Gobierno señalan que el proceso actual es diferente al de 1990 debido a que no se mantendrá el marco regulatorio y la ley de 19.030 de exclusividad y de Aerolínea de Bandera. La política actual es de “cielos abiertos”.
“Esta medida tiene como objetivo que Aerolíneas Argentinas opere bajo criterios de eficiencia comercial y generar un ámbito de competencia en igualdad de condiciones, profundizando la libertad de los mercados, sin que esto implique la pérdida de soberanía nacional”, afirmaron en el Poder Ejecutivo.
El debate por la privatización
El miércoles pasado el Gobierno nacional puso en marcha el debate de la privatización de Aerolíneas Argentinas, con la presentación de altos funcionarios en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, quienes defendieron la salida del Estado de la conducción de la compañía, plantearon el fuerte costo fiscal que genera cada año y apuntaron con dureza contra los gremios aeronáuticos que se resisten a la ofensiva de la Casa Rosada.
En el temario a debatir hay sólo dos proyectos que tienen el mismo título: “Declárese sujeta a privatización a la compañía Aerolíneas Argentinas S.A.”.
La primera iniciativa es de autoría del diputado del PRO, Hernán Lombardi, junto a otros 20 legisladores de su mismo partido político, y cuenta con el apoyo del presidente del partido, Mauricio Macri. “La propuesta es autorizar al Poder Ejecutivo a la venta de Aerolíneas, es un cambio muy profundo y que estaba en la Ley Bases”, dijo el referente macrista en una entrevista radial.
En el caso del proyecto que impulsa la Coalición Cívica y que tiene la firma de varios de sus colegas de bloque, la dirección es la misma: privatizar a la compañía aérea. “No hay razones para estar atados a una aerolínea de bandera; ya en el mundo no quedan aerolíneas de bandera, salvo en los países árabes, en Rusia, en China y en algún lugar de Europa. Pero después, los países de la región ya no tienen aerolínea de bandera. Esos son puros mitos”, resaltó Juan Manuel López, autor del proyecto.
Teniendo en cuenta que ambas iniciativas apuntan a la privatización, lo más probable es que se busquen los puntos en común con el fin de tener un dictamen único que le confiera más fuerza a la norma una vez que sea expuesta en el recinto.
