Jorge Macri volvió a presionar por la coparticipación de la Ciudad y cuestionó la “conducta contradictoria” del Gobierno

La tregua duró poco. Jorge Macri y Javier Milei habían llegado a un acuerdo el martes por el traspaso de la competencia para administrar 31 líneas de colectivo que circulan en territorio porteño. Hicieron una foto con sus pulgares hacia arriba y las tensiones se aliviaron. Pero ese era la primera de dos grandes discusiones; la segunda era el litigio sobre la coparticipación que la Nación debe pagarle a la Ciudad para cumplir con una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia. Tras una audiencia de partes, el Jefe de Gobierno envió anoche a última hora un escrito al máximo tribunal en el que señaló que “persiste el incumplimiento” de la Casa Rosada, exigió la intimación al Banco Nación para acatar el fallo y habló de “conducta contradictoria” por parte del Estado.

El documento que presentó el GCBA ante el Máximo Tribunal, al que accedió Infobae, tuvo lugar luego de la audiencia informativa del 22 de agosto a la que el tribunal citó a las partes para tantear la situación. Es que Jorge Macri exigía desde principios de año que el Gobierno cumpla el fallo que los cortesanos emitieron el 21 de diciembre de 2022, en el que establecieron que la Nación debe pagarle un 2,95% de coparticipación a los porteños en forma “diaria y automática” por transferencias del Banco Nación.

Pese a la molestia por el litigio sobre la coparticipación, Macri busca no dinamitar los puentes de diálogo con Balcarce 50. Hoy estuvo nuevamente en la Casa Rosada, reunido con Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, y Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete. Acompañado por Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño, para avanzar en un acuerdo con Nación para expulsar de Argentina a los extranjeros que cometan delitos de la Ciudad. El convenio agiliza el intercambio de datos migratorios entre ambas jurisdicciones

A principios de esta semana, Milei y Jorge Macri firmaron un acta para el traspaso de 31 líneas de colectivos que quedaron bajo la órbita del GCBA

A finales de julio, Macri se reunió con Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación que comanda las negociaciones en nombre de Milei, y llegaron a un principio de acuerdo. El funcionario prometió que empezarían a pagar. Lo hicieron. Pero mediante transferencias discrecionales de $20 mil millones por semana, todos los viernes. La Ciudad, entonces, recogió el guante e insistió con el reclamo. El alcalde porteño considera que la forma de pago “incumple” con lo ordenado por la Corte Suprema.

Durante la última audiencia en la Corte hubo una discusión en duros términos entre Jorge Macri y los representantes del Gobierno. Caputo no pudo asistir y envió a Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación. Al finalizar, el máximo tribunal les dio a las partes 10 días hábiles para enviar un escrito informativo argumentando sus posiciones. El plazo final para esa presentación es este jueves. Infobae contactó a fuentes del Poder Ejecutivo y aún no confirmaron si el escrito está listo y presentado.

De todos modos, la Nación mantiene la misma postura. Caputo alega que están pagando -con las transferencias de los viernes-, asegura que el monto corresponde a la cifra indicado. Sin embargo, cuestionan el 2,95% que dispuso la Corte Suprema. Estiman que ese porcentaje surge de un cálculo arbitrario. Lo particular, analizan en Uspallata, es que los fallos del máximo tribunal se pueden opinar, pero se deben cumplir.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete de la Nación, recibió hoy a Jorge Macri y a Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño

El Gobierno nacional señala que está cumpliendo el fallo. “Aunque parezca una paradoja, la queja de la Ciudad es la que la Nación paga semanalmente en lugar de por goteo diario”, explican en el equipo de Caputo. La Casa Rosada no está de acuerdo con el cálculo del 2,95%. Milei y Caputo estiman que ese porcentaje debería ser “sustancialmente menor” y evalúan que el guarismo está hecho en base a ecuaciones “arbitrarias”. En relación con el dinero que le envían a Uspallata cada viernes, aclaran que “los pagos son cancelatorios de la cautelar”

La respuesta de la Ciudad la elaboró el equipo jurídico con aval político de Jorge Macri. Trabajaron en el tema Martín Ocampo, procurador General de CABA, y los abogados Adriana Boskovich, Fernando Ocampo, Antonio María Hernández y Germán Krivocapich.

En el escrito, la Ciudad exige que “se cumpla en el porcentaje, forma y tiempo”, reitera que “persiste el incumplimiento” y ordena la ejecución “inmediata” mediante embargo. Según los cálculos del equipo de Jorge Macri, el Gobierno está pagando una cifra que equivale al 1,4% de coparticipación y no al 2,95% que establecieron los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, y Carlos Maqueda.

Jorge Macri reunido en febrero con Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación

Respecto a los cinco pagos que Nación hizo desde agosto, la Ciudad sostiene que fue “en forma inconsulta y sin consenso alguno por parte” del gobierno porteño. Y acusa de “indudable flagrancia en el incumplimiento”. Además, considera que la Casa Rosada aplicó una “decisión unilateral” y que “el Estado hizo una interpretación sesgada” de la cautelar de la Corte.

En ese sentido, en el escrito de CABA se enumeran una serie de “serios y graves perjuicios” a las finanzas porteñas por el “incumplimiento” del fallo. Señala que las consecuencias generan “incertidumbre financiera, dependencia política, inquietud y falta de transparencia, impacto en servicios públicos y desigualdad regional”. Jorge Macri le insiste a Caputo en que la deuda contraída, y la falta de automaticidad en los pagos, le “afecta la capacidad de endeudamiento”.

Cabe recordar que en el fallo de 2022, la Corte resolvió que la Casa Rosada debía darle a la Ciudad un 2,95% de los fondos coparticipables y que debía hacerlo por goteo, de manera diaria, a través del Banco Nación. Originalmente, la Ciudad percibía un 3,5% por coparticipación. Quien había resuelto el aumento de esa cifra había sido Mauricio Macri durante su presidencia, con el fin de financiar el traspaso de la Policía de la Ciudad. En 2020, Alberto Fernández aplicó un recorte y llevó el coeficiente a 1,4%, con el argumento de destinar esos fondos para las fuerzas de seguridad del gobernador Kicillof.