Según la UBA, el ajuste del Gobierno a las universidades es igual a los beneficios impositivos para el sector más rico

Un informe difundido por la Universidad de Buenos Aires (UBA) reveló que los recortes que aplica el Gobierno en el sistema universitario, que alcanzan una caída del 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI), son equivalentes a los beneficios impositivos que obtuvieron los sectores más pudientes del país en el impuesto a los Bienes Personales, tras la sanción de la Ley Bases y el Paquete Fiscal impulsados por el presidente Javier Milei.

El análisis, elaborado por el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE-UBA), pone blanco sobre negro sobre la magnitud de la merma de recursos y el costo del ajuste que están afrontando las universidades públicas, en comparación a otros sectores de la sociedad que está percibiendo exenciones fiscales.

En la semana que el Senado tratará el proyecto de financiamiento universitario, Milei tiene decidido que lo vetará en caso de lograr la sanción definitiva. Según el análisis de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), publicado el pasado 28 de agosto, si avanza esta norma, el Gobierno deberá destinar 0,14% del PBI para cubrir los gastos de funcionamiento de universidades y hospitales, fondos de ciencia y tecnología y una recomposición de los salarios docentes y no docentes.

Según la propuesta legislativa, los fondos destinados para las casas de estudio del nivel superior tienen que incrementar en 2024 de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Dispone de la suba de todos los conceptos, y en particular de los incrementos al personal universitario.

Los profesores y trabajadores, que arrancaron el segundo semestre con huelgas y protestas, percibieron desde diciembre de 2023 un aumento del 80,4%, mientras que la inflación acumulada fue del 134,6% ciento hasta el 31 de julio pasado. La OPC estimó que el incremento debería llegar al 30,1% sobre los salarios de julio para recuperar lo perdido.

El Pacto Fiscal, diseñado por el ministro de Economía, Luis Caputo, incluyó una fuerte baja de los impuestos al patrimonio en las personas de mayor nivel de ingresos. El Centro RA estimó que los cambios en el mínimo no imponible a 100 millones de pesos y en las alícuotas de Bienes Personales traerá como resultado una caída aproximada en la recaudación del Estado del orden de 0,14% puntos del PBI. Es la misma proporción que solicita el proyecto para actualizar el financiamiento universitario con media sanción en la Cámara de Diputados.

“Con estas modificaciones y en base a los últimos datos de tributación por categoría de patrimonio imponible (año 2022) se estima que la caída en la recaudación por bienes personales sería de aproximadamente un 25% pasando de representar un 0,52% del PBI a un 0,38%. Así la reducción impositiva a los sectores con mayores recursos de la sociedad equivaldría a la misma cuantía que la necesidad de presupuesto proyectada por el Congreso”, indica el informe.

“Recomponer los créditos y los salarios universitarios, de ningún modo desafía ni pone en riesgo el equilibrio en las cuentas públicas. Con salarios universitarios por debajo de la evolución del resto del sector público, no parece haber un limitante considerando un esquema de restricción presupuestaria”, señaló a Infobae Julián Leone, magister en Economía, docente de la UBA e investigador del Centro RA.

La merma en la recaudación que generará la reducción de las alícuotas y de los cambios en el mínimo no imponible en Bienes Personales

El informe señala que la proyección sobre la caída de la recaudación en Bienes Personales se basa en el primer año del ejercicio fiscal afectado por las modificaciones y que la “pérdida de recaudación se incrementará en el tiempo”. Ahora bien, este ejercicio busca escindir el efecto de la modificación en el mínimo no imponible y las alícuotas del que surge de los anticipos y pagos por adelantado del impuesto y el incremento en la tributación por el blanqueo de capitales.

No es el único sector donde el Estado nacional está privilegiando dedicar más recursos que a las universidades. Reaparece en la ponderación el discutido régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, establecido por la Ley 19.640 en 1972, que estuvo presente en el debate legislativo de las reformas del gobierno libertario. Este marco jurídico de incentivos aduaneros e impositivos apuntan a favorecer el crecimiento de la población y del empleo en la provincia, considerada como estratégica para la soberanía nacional.

“A pesar de un espíritu contrario al de la promoción de regímenes especiales, llamativamente mantuvo en curso el más destacado de los mismos: el subrégimen industrial de Tierra del Fuego con un costo estimado para el Estado de no percepción de recursos en torno al 0,22% del PBI”, subraya el análisis.

El impacto fiscal del proyecto de financiamiento universitario que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, según la OPC

Esas cifras se calculan en torno a los USD 1.070 millones, según las estimaciones del think tank Fundar, del que participaron un equipo de profesores de Economía Internacional de la UBA.

En cada oportunidad, el Gobierno asegura que sostendrá el equilibrio fiscal a “cualquier precio” para sostener la senda del superávit. En el caso del financiamiento universitario, se requieren al menos de $240.416 millones extra para cubrir únicamente la continuidad de la pauta salarial, según las analistas de la OPC María Laura Cafarelli y Romina Muras. Las partidas en ese rubro deberían subir a $441.600 para aplicar el proyecto que está pendiente de tratar en el Senado.

“Resulta imprescindible generar los acuerdos para asignar los recursos que requiere el sistema universitario en forma urgente. La continuidad de un servicio que ostenta muy alta valoración por parte de la ciudadanía requiere no sólo un presupuesto de funcionamiento acorde, sino también una rápida actualización en los haberes de sus docentes e investigadores, artífices de la calidad educativa brindada por el sistema”, expresó Leone.

Al ser consultado sobre aumentos al personal universitario, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, señaló que “las partidas destinadas a la inversión educativa deben estar presupuestadas a partir de recursos reales que ingresan al Estado” y con “las cuentas públicas en orden”. Ahora bien, la distribución de los costos y de los recursos se está realizando de manera desigual, como ocurre con otras erogaciones del Estado que cayeron en términos reales, como las partidas para las jubilaciones.

“Con un esfuerzo fiscal equivalente al 0,14% del PBI, similar al beneficio otorgado a las élites más adineradas del país y significativamente inferior al régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego, se evidencia que la inversión en educación superior y ciencia queda relegada ante los intereses de los sectores más ricos”, señala el informe del Centro RA.

“En la sociedad de la información que vivimos, ningún país puede desarrollarse y crecer si no invierte recursos de manera adecuada y sostenible en sus instituciones educativas superiores. Para llevar a cabo las funciones a cargo de las universidades nacionales, que son ampliamente reconocidas en el plano nacional e internacional, es imprescindible trazar objetivos, planificar actividades y proponer resultados a alcanzar a partir de su implementación que puedan ser medibles y evaluables de cara a la sociedad. Nada de ello es posible sin contar con un presupuesto adecuado y previsible sobre el cual estructurar esa planificación”, concluyó Leone.