Diputados bonaerenses quieren aumentar las indemnizaciones por despido para rivalizar con la reforma laboral de Milei
La Cámara baja aprobó un aumento en los costos laborales que presentó una diputada camporista. El tema pasó al Senado pero hay rechazo de la oposición y alerta del sector empresario
En línea con el objetivo de ser la antítesis del modelo que propone Javier Milei en el ámbito nacional, el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires logró obtener media sanción en la Legislatura para aumentar las indemnizaciones y encarecer los despidos, una medida que recibió fuerte rechazo de la oposición y alertas del sector empresario por el desincentivo a crear nuevos y más puestos de trabajo. Se trata de una iniciativa que va a contrapelo de la reforma laboral que incluyó el Presidente en la Ley Bases.
La medida fue aprobada por una mayoría amplia en la Cámara de Diputados y enviada al Senado bonaerense, que todavía no fijó fecha. En concreto, la iniciativa que presentó la camporista Maite Alvado junto a la diputada de extracción sindical Soledad Alonso modifica el artículo 48 de la Ley 11.653 de procedimiento laboral y sustituye en los juicios laborales la tasa pasiva que se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio por la del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) y agrega un carga del 6%.
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Esto genera, sobre todo, perjuicio a las pymes, que deberán hacerse cargo de indemnizaciones más altas, con el consiguiente problema para los trabajadores fuera del sistema de acceder a un empleo formal. A pesar del rechazo de la oposición a Kicillof, el proyecto se aprobó en Diputados y está en condiciones de ser tratado en el Senado.
Se trata de un cambio que -mientras el gobierno de Milei busca facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo, mediante la reducción de los costos laborales- fue recibido con críticas de un sector de los libertarios bonaerense, y la oposición del PRO, la UCR, y también con un duro comunicado de las cámaras empresarias y organizaciones patronales.
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De aprobarse lo que propusieron las diputadas que responden a la coalición que conduce el gobernador Axel Kicillof, el artículo 48 quedaría redactado del siguiente modo:
“Dictada la sentencia el Secretario del Tribunal practicará liquidación de capital, intereses y costas, notificando a las partes en la forma ordenada en el articulo 16, bajo apercibimiento de tenerla por consentida si dentro del quinto día no se formularen observaciones, cuyo trámite no interrumpirá el plazo para deducir los recursos correspondientes.
El monto total por el que se condene a la demandada se deberá adecuar de acuerdo a la tasa CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) reglamentada por el BCRA más una tasa pura del 6% anual, en ambos casos, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la fecha del efectivo pago.”
El proyecto tuvo media sanción en Diputados y ahora está en el Senado sin fecha para su debate y aprobación, pero contaría con la mayoría necesaria para su sanción. Por eso, días atrás un comunicado conjunto de los empresarios salió con dureza a cuestionar la iniciativa. Sobre todo lo que critican es que la medida busca aplicar en la provincia de Buenos Aires el sistema porteño que, lejos de promover la creación de empleo formal, aumentó la informalidad y no creó más puestos genuinos.
“El sistema de actualización, que ya se ha utilizado en los juicios laborales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha conllevado a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica de las empresas demandadas”, indicaron en comunicado que firmaron la Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (Cameco), la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip), la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (Aehg), la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y afines (Cebra). También criticaron la iniciativa la Cámara de la Recreación, la Cámara Textil de Mar del Plata, la Cámara de Permisionarios del Nuevo Centro Comercial del Puerto y el Centro de Constructores y Anexos.
Antecedentes
El proyecto para modificar el cálculo de los intereses en las indemnizaciones laborales había sido presentado originalmente en 2022 por Maite Alvado, una diputada de Unión por la Patria de la Sexta Sección Electoral, pero en aquel momento ya fue rechazado por la oposición por su inconstitucionalidad, debido a que consideran que la legislación debería ser nacional.
En la sesión del 15 de mayo pasado, Alvado expresó: “Si están preocupados por las PyMES que hicieron para detener el RIGI o la feroz apertura de importaciones que está proponiendo el gobierno de Milei. Las pymes no quiebran por las indemnizaciones, quiebran por la política económica del gobierno que va en contra de ellas”. A su turno, Agustín Forchieri (jefe del bloque PRO) replicó: “El Gobierno de Kicillof va en sentido contrario a lo que necesitan las Pymes y quienes dan trabajo en nuestra provincia. Si tenemos claro que hoy tenemos que generar trabajo para salir del atraso y la decadencia ¿por qué le hacemos la vida más difícil al sector privado?”.
Diego Garciarena (jefe del bloque UCR + Cambio Federal) : “La cuestión vinculada a los intereses y a la prescripción es una cuestión de derecho de fondo y no de derecho local. Esto quiere decir que es una competencia del Congreso Nacional y no de la Legislatura”.
Finalmente,l Gustavo Cuervo (jefe de bloque Unión, Renovación y Fe) advirtió: “Los integrantes de este bloque venimos siendo atacados operados desde los medios. Nos han dicho bloque libertario Massista, Kicillofista, ahora nos dirán Camporista. Cada proyecto lo pasamos el bloque por el filtro del sentido de común. Todo proyecto que represente la reparación de una injusticia o genera algún beneficio para los bonaerenses lo vamos a acompañar venga del bloque que venga”.
En pleno gobierno de Alberto Fernández la iniciativa que encarece los despidos no había avanzado, pero con la llegada de Milei al poder y la intención de Kicillof de ser la contracara del modelo libertario, la iniciativa empezó a moverse al punto que hace dos semanas se aprobó en la Cámara baja con una multiplicidad de apoyos, incluso de algunos legisladores que llegaron de la mano de Milei.
Este año el proyecto volvió a ser presentado por Alvado y se trató en comisiones. Según pudo saber Infobae, el PRO lo rechazó junto a la UCR y otros bloques de la oposición. Pero finalmente el proyecto logró salir porque, de acuerdo con las crónicas parlamentarias de hace dos semanas, contó con el apoyo del bloque Unión Renovación y Fe -que entraron por La Libertad Avanza pero rompieron con Milei- que aportaron sus votos en las comisiones y en el recinto.