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Seguridad: De Pedro y legisladores del FdT criticaron a Larreta pero vuelven a invitarlo

La convocatoria al jefe de Gobierno porteño es para debatir la transferencia del servicio de seguridad y su financiamiento, y fue reiterada por el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán.
Larreta y De Pedro supervisaron operativos de seguridad conjuntos durante la pandemia.

 

El ministro de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, y los legisladores del Frente de Todos cuestionaron este domingo la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de no acudir a la reunión convocada por el Gobierno nacional para iniciar las negociaciones por los fondos que tendrá este año la Ciudad de Buenos Aires para financiar la policía.

«La Ley 27.606 subsanó la ilegalidad con la que (Mauricio) Macri traspasó por decreto la Policía, mejorando la calidad institucional de la autonomía porteña. Además fijó un ámbito de diálogo para establecer en forma transparente los recursos correspondientes a esa transferencia», dijo De Pedro, defendiendo la postura del Ejecutivo Nacional.

«Es la forma de respetar nuestra Constitución, la ley y la posición de todas las provincias. Por eso lamentamos que el Gobierno de la Ciudad no quiera participar de este ámbito de consenso para alcanzar un acuerdo definitivo y resolver el problema que ellos mismos generaron», sentenció en Twitter.

Pese a la negativa del alcalde local, el Gobierno nacional, a través de De Pedro y su par de Economía, Martín Guzmán, reiteró la convocatoria mediante una nota en la que ratificó el encuentro de mañana y rechazó por «falaces» los argumentos de Rodríguez Larreta.

«Entendemos que no hay mayor estándar de legalidad e institucionalidad que convocar a una reunión formal en el marco de una ley que no sólo ha sido debatida y sancionada como demanda la Constitución Nacional, sino que ajusta el proceso de transferencia a los requisitos que esta última establece», dijeron.

Y advirtieron que «sin perjuicio de desconocer por falaces los argumentos vertidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires» para rehusar el convite, «quienes suscriben en representación de los Ministerios de Economía y del Interior de la Nación ratifican la voluntad del Gobierno nacional de trabajar en conjunto con todas las provincias del país y la Ciudad de Buenos Aires sobre la base del diálogo y la responsabilidad».

«Por ello, reiteramos la invitación a un diálogo de buena fe, sobre la base del respeto a las instituciones, y convocamos nuevamente al Señor Jefe de Gobierno a una reunión preliminar a celebrarse el lunes 4 de enero del 2021 a las 15 horas en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior», añadieron los funcionarios.

Los argumentos de Larreta

Rodríguez Larreta había dicho que esperará la resolución de la Corte Suprema de Justicia nacional a los dos planteos de «inconstitucionalidad» que hizo el Ejecutivo porteño sobre la norma sancionada por el Congreso.

«La Ciudad no asistirá a la reunión convocada por Nación porque considera que la Ley es inconstitucional, y aguarda a que la Corte Suprema de Justicia se expida», detallaron fuentes del Gobierno capitalino.

La opinión del bloque del FdeT

Ante esto, el bloque del Frente de Todos de la Legislatura porteña calificó de «inexplicable» la posición de Rodríguez Larreta.

«El Jefe de Gobierno insiste en transformar un tema estrictamente institucional -ordenar definitivamente el marco de la transferencia de la Policía Federal efectuada en 2016 de forma defectuosa por Mauricio Macri- en un conflicto político«, señaló la bancada del FdT en un documento.

El bloque expresó «su más profunda preocupación, frente al inexplicable rechazo efectuado por el Ejecutivo Porteño a la convocatoria al diálogo llevada adelante por el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la Ley 27.606».

Agregó que esa decisión de Rodríguez Larreta «nos impide a los porteños y porteñas alcanzar un acuerdo permanente y con fuerza de ley, que defina las partidas presupuestarias correspondientes a dicha transferencia, conforme lo previsto por el artículo 75 inciso 2 párrafo 5 de la Constitución Nacional»

Subrayó que «no resulta fundamento válido para el rechazo al diálogo, la judicialización llevada adelante por el Gobierno de la Ciudad, dado que -en modo alguno- ha existido condicionamiento para dicha convocatoria, ni implica renuncia alguna a la acción judicial».

Y puntualizó: «Instamos a las autoridades a que cumplan con una Ley del Congreso que busca, ni más ni menos, que darle seguridad jurídica a futuro, a una cuestión que el Gobierno anterior resolvió mediante decreto y sin ningún tipo de análisis serio en materia de partidas presupuestarias».

Señaló que «el rechazo al diálogo nunca es una opción, menos aún cuando se trata, ni más ni menos, que de lograr un acuerdo sobre números que están sobre la mesa y que sólo hay que analizar».

Los diputados porteños peronistas pidieron al mandatario local que «revise esta decisión incomprensible y vuelva al camino de la racionalidad y el diálogo democrático».

Una reunión distendida de Alberto Fernández y Horacio Rodriguez Larreta, de hace algunos meses.

 

La voz de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández se había pronunciado sobre el tema tras la aprobación de la ley el 10 de diciembre en el Senado, cuando se definió el cambio a la coparticipación porteña.

Fernández aseguró que «El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería estar agradecido que no le esté reclamando los cuatro años que se llevaron indebidamente a instancias de una concesión graciosa de Macri».

«Obviamente, no le voy a reclamar ese pasado porque le generaría un caos fiscal, pero por favor…», dijo Fernández, quien remarcó que le llamaba «la atención que se queje porque le sacamos ese punto de coparticipación porque se lo dije antes de ser Presidente».

«Cuando yo lo escucho decir que ahora por culpa del Gobierno la Ciudad va a tener menos escuelas, jardines, hospitales, si va a tener menos de todo eso es porque ese dinero no iba para la seguridad, iba para otra cosa. Y se supone que se le había pasado para pagar la seguridad», sentenció.