Junio 21 de 2018

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Aborto legal seria inconstitucional en Argentina

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El presente artículo no pretende hacer un juicio ético, religioso, moral ni medico del tema aborto, sino un abordaje estrictamente jurídico- legal desde el bien jurídico tutelado por las leyes LA VIDA HUMANA *Por: Daniel Vico

La Republica Argentina, como país soberano, a través de su historia ha ido forjando su identidad cultural, social, política y se ha ido insertando en el concierto de las naciones del mundo, relacionándose a través de Tratados, Convenios, convenciones, acuerdos, etc. Hoy nuestro país es miembro de organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, entre varios mas, ha firmado y ratificado Tratados y Convenciones que poseen rango constitucional, ya que son definitorios de la legalidad en el país, y ninguna ley o sentencia judicial —cuya última instancia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación— puede violar ninguno de los principios que ellos se establecen.

El 22 de agosto de 1984, el gobierno legal del presidente Raúl Alfonsín promulgó la ley N° 23.077, que abolió la pena de muerte y derogó los artículos sustituidos e incorporados durante la última dictadura militar.

El 5 de septiembre de 1984 la Nación Argentina, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, suscribió el Pacto de San José de Costa Rica que en su art. 4° punto 3° establece que los estados partes "se comprometen a no restablecer la pena de muerte en los Estados que la han abolido" y, en ningún caso se aplicará "por delito político ni comunes conexos con los políticos" (art. 4°, punto 4°). Como la Argentina no incluía la pena de muerte en su legislación a la fecha de ratificación del Pacto, a partir de esa fecha no puede incorporarla a su sistema penal. Si lo hiciera, violaría un tratado internacional y, constitucionalmente, nuestro orden interno.

A partir de la reforma constitucional de 1994, y con la incorporación de este Pacto a nuestro ordenamiento jurídico con rango constitucional, y por aplicación del principio de irreversibilidad de los derechos humanos --según el cual una vez que algún derecho se integra al sistema jurídico de un Estado democrático, no es posible después darlo por inexistente o derogado--, ni siquiera mediante una reforma constitucional sería posible restablecer la pena de muerte.

La Asamblea General de la ONU aprobó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1989, y la Asamblea General de la OEA aprobó el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte en 1990.

Argentina ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. Asimismo, el 5 de septiembre de 2008 ratificó el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, convirtiéndose así en el décimo país que lo hace. En ambos casos realizó la ratificación sin formular ninguna reserva.

En nuestra Constitución Nacional el artículo 18 y 75 inciso 22,  pro­te­gen el dere­cho a la vida, mientra que el Art  19 claramente anuncia desde que momento la ley reconoce el comienzo de la vida humana. “Art 19.- Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción.” Lo que establece la ley es que el derecho a la vida se protege desde la concepción.

Quedando explicada la normativa vigente, cabe aclarar que realizar un aborto es eliminar el feto del vientre materno, por ende, si una persona le quita la vida a otra persona es considerada homicidio.

¿Qué es un homicidio? Nos dice el DRAE: "Es quitar directa y libremente la vida a una persona por parte de otra persona".

Es por esta razón que el Estado argentino NO puede admitir en sus leyes el aborto legal, pues estaría contradiciendo los pactos y convenciones suscriptas y ratificadas que tienen rango Constitucional, o sea estaría violando su propia Constitución y los compromisos asumidos ante los organismos internacionales.

Si se aprobara una ley a favor del aborto libre y gratuito, donde sea el estado en cualquiera de sus tres dimensiones, el que tuviera que llevar a cabo el procedimiento, estaríamos frente a la restauración de la PENA DE MUERTE, en estos casos agravada por la inocencia del ejecutado (el feto)

Seguramente hay mucha mas jurisprudencia y argumentación sobre este tema, este articulo no pretende adoctrinar ni influenciar en ninguno de sus lectores, tampoco busca la solución al problema del embarazo adolescente, excluye la opinión religiosa,   no indaga sobre una solución medica a este problema y mucho menos busca generar  un debate iusfilosoficosolo,  es una mirada jurídica-legal sobre la existencia del bien jurídico de carácter indisponible LA VIDA HUMANA

Como decía el escritor y pensador francés, Albert Camus (1913-1960), “una ejecución no es simplemente muerte... añade a la muerte una ley, una pública premeditación conocida por la futura víctima, una organización que, en sí misma, es una fuente de sufrimiento moral más terrible que la muerte. La pena capital es el más premeditado de los asesinatos, que no puede ser comparado con ningún acto criminal, por más terrible que sea”.

 


Daniel Vico


@DanielfVico

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