Diciembre 09 de 2018

Buenos Aires, Argentina

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El Gobierno denunció por “fraude” a Marsans y lo acusó de “vender” el juicio por Aerolíneas a fondos buitres

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El fiscal antilavado Carlos Gonella y la procuradora del Tesoro Angelina Abbona denunciaron al grupo español que administró la aerolínea de bandera y Austral de ceder a Burford Capital el litigio que tiene contra el Estado argentino por la expropiació

El gobierno nacional y la Fiscalía antilavado (Proselac) denunciaron ante la Justicia federal una maniobra del grupo español Marsans para “vender” el juicio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral ante el CIADI al fondo buitre Burford Capital.

Se estima que Burford tiene una cartera valuada en más de u$s500 millones por la compra de procesos y se la conoce como una firma dedicada a la industria del litigio corporativo. En el país ya saltó a la fama por comprarle al grupo Petersen otro trámite en el CIADI, el de la expropiación de las acciones de YPF. Está radicado en Londres.

La procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona, recordó que en 2008 la presidente Cristina de Kirchner decidió la expropiación y la declaración de la aeronavegación como servicio público escencial.

“No obstante, Marsans fue a reclamar ante el CIADI alegando perjuicios que habían sufrido por trato injusto y tiene un reclamo por más de u$s1.400 millones. En realidad, el grupo Marsans es un grupo deudor de la Argentina porque al haber dejado en una situación tan ruinosa a Aerolíneas Argentinas, el Gobierno tuvo que hacer inversiones obligaron en el CIADI, a la Procuración a reconvenir la demnada por $1.400 millones también. Esa ficha se encuentra en trámite y no hemos tenido laudo”, detalló.

La funcionaria reveló que tras el planteo de los españoles en el CIADI y la réplica del Gobierno, la Procuración tomó conocimiento de un contrato entre Marsans, un estudio jurídico y el fondo buitre Burford Capital.

“Ellos patrocinan monetariamente el procedimiento en el CIADI, y el convenieno establece que luego pagar el patrocinio, y el grupo Marsans le pide un número de cuenta (a Burford) a dónde depositar los fondos, luego que pierda el laudo la Argentina”.

“Así, Marsans estaría burlando a la masa de acreedores. Como se dice en el mundo de los negocios el que paga mal paga dos veces, y si la Argentina tiene un laudo desfavorable le tiene que pagar Burford y si vienen los acreedores de esa masa concursal a pedirnos pagar, tendríamos que hacerlo”, subrayó Abbona.

“No solo se burlan del CIADI, aunque ellos están muy tranquilos porque hemos denunciado estas cosas en el trámite, pero tenemos que poner en conocimiento a la Justicia para resguardar los intereses del Estado”, enfatizó Abbona.

La procuradora informó que Bulford es el mismo fondo que está patrocinando al grupo Petersen en el CIADIpor YPF en los tribunales de Nueva York, donde reclaman por la expropiación de la petrolera. “Es la misma situación y el mismo estudio en el juzgado del doctor (Thomas) Griesa”,sentenció.

El fiscal antilavado reveló que Marsans inició la demanda por contra el Estado por u$s 1.036.200 millones por violación de un acuerdo bilateral Argentino-España, pero que hoy a la fecha representa u$s 1.600 millones. “Acciona contra el Estado y transfiere el derecho litigioso al fondo buitre Burford a través de un convenio que pierde todo efecto cuando estas empresas españolas se presentan en quiebra en el Reino de España y por lo tanto, consideramos que se han falseados instrumentos públicos en el marco del CIADIy es un elemento de prueba que de manera fraudulenta quisieron perjudicar al país”, alertó Gonenlla.

En esa línea, el investigador aseguró que si “el CIADI lauda en contra del país, la Argentina se arriesga no solo a tener que pagar más de u$s 1.600 millones al fondo buitre, que está gestionan el caso, sino también a los legítimos acreedores españoles2.

El exdueño de Marsans, Gonzalo Pascual, murió de un infarto en junio de 2012. En tanto, su socio Gerardo Díaz Ferrán, fue condenado por la Justicia española a cinco años y medio de prisión y al pago de una multa de 1,2 millones de euros por los delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en banda criminal.

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