Noviembre 21 de 2018

Buenos Aires, Argentina

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Macri y la nueva política de seguridad interna: la tragedia en el horizonte argentino.

notas de opinion

Con la nueva alineación del gobierno de Macri con Estados Unidos, nuevas reformas se intentaron materializar siguiendo las orientaciones del Comando Sur, dependiente del Pentágono.

Mauricio Macri alcanzó el poder a finales de 2015 poniendo un punto final a la experiencia liderada por el Kirchnerismo por más de una década. Desde su asunción, Macri y su partido político, Cambiemos, establecieron un nuevo norte en el área de los derechos humanos y la seguridad pública. Los retrocesos existentes en esta materia se presentan por aumento de la represión, violencia institucional, prisiones políticas, ejecuciones, vaciamiento institucional y una nueva política de seguridad pública. En este sentido, en un contexto de aumento de desempleo, minúsculo crecimiento económico, y una rechazada vuelta a la dependencia financiera con el nuevo pacto con el Fondo Monetario Internacional, los problemas sociales se multiplicaron, y con ellos la imagen del presidente se desplomó no conociendo ni límite, ni suelo.

Armando las Fuerzas

El presidente Macri hace un tiempo anunció su intención de que las Fuerzas Armadas realizar tareas en la seguridad interior. Un ejemplo de esto fueron sus declaraciones durante la celebración del Día del Ejército: "Necesitamos a los militares a dedicar mayores esfuerzos en cooperación con otras áreas del estado, la prestación de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para cuidar de los argentinos se enfrentan a las amenazas y retos actuales".

Sin embargo, los deseos de Macri tienen una serie de problemas. En primer lugar, desde la redemocratización, Argentina tiene un norte sobre el tema: el control político civil, la separación entre seguridad interna y defensa, y la prohibición de que las Fuerzas Armadas intervengan en asuntos internos. Como se dijo en el reciente informe del CELS, hay tres leyes fundamentales: la Defensa Nacional de 1988, la seguridad interior 1991 y decreto reglamentario 727/06. Con ese complejo normativo, el país estableció, desde la redemocratización, la arquitectura legal e institucional democrática en esta área. Todas sancionadas por diferentes presidentes. Como se dijo en el mismo informe: "La participación de los militares en la seguridad interna es desprofissionalizá ellos y poner en peligro su gobierno civil y sus derechos humanos."Pero a pesar de los cuestionamientos, los cambios propuestos por el gobierno permitieron que las fuerzas intervinieran en la seguridad interna y respondieran ante amenazas externas aunque no sean realizadas por un Estado, como el caso del terrorismo o guerra contra las drogas.

El ponente de la brasileña Inter-Urrejola Antonia ya había declarado sobre el tema: "utilizar las fuerzas armadas en acciones de seguridad pública no es razonable, teniendo en cuenta que el entrenamiento militar y tienen distinta misión de los agentes de policía" . Es importante subrayar que en la resolución 3314 de las Naciones Unidas se estableció de forma directa: agresión es el uso de fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro Estado, o de cualquier otra forma incompatible con la Carta de la ONU .

No es una novedad el movimiento de Macri. Ya hubo otras acciones en la misma dirección. En 2016, las Fuerzas Aéreas fueron autorizadas a permitir que la aviación militar intercepta aviones con planes de vuelos no autorizados que sobrevolaran el espacio aéreo nacional, obligándolos a aterrizar.

El 23 de julio de este año, Macri anunció la nueva política de defensa. El presidente destacó que el objetivo de la Cambiemos es "pagar la deuda que tenemos con las fuerzas armadas de la democracia" , una afirmación polémica y demasiado incierto. Macri reiteró también la necesidad de modernización y existencia de diversos desafíos y amenazas del siglo XXI, destacando la importancia de que las Fuerzas Armadas pudieran colaborar con la seguridad interna. Así, con el decreto, se habilita la participación de los militares en cuestiones como la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Reitero: participación que está prohibida por ley.

Pero el decreto no queda sólo en eso. La reforma, que modifica el Decreto 727, de 2006, y deroga el Decreto 1691, del mismo año, se basa en tres puntos principales: elimina cualquier referencia a que una agresión externa debe ser de origen de Estado, lo que extiende las suposiciones de intervención de las Fuerzas Armadas a cuestiones de seguridad, como el terrorismo y el tráfico de drogas, si se caracteriza como "agresión externa". Además, si destacamos tareas de "apoyo logístico" de las FFAA hacia las fuerzas de seguridad. Y, finalmente, da a las Fuerzas Armadas el poder de custodiar objetivos estratégicos sin las limitaciones de la Ley de Defensa. De acuerdo con esta ley, la intervención de las Fuerzas Armadas en este aspecto está prohibida, a menos que una ley del Congreso defina esos objetivos como zona militar. O sea,. El decreto, que evitó el debate parlamentario, y que no estableció cuáles serían los controles parlamentarios sobre el tema, fue publicado de forma unilateral, instalando incertidumbre y retrocesos en la materia.

Las reacciones no tardaron y, el 26 de julio, con el lema "Fuerzas armadas represivas nunca más" protestas se escucharon hasta la casa rosada. Una amplia manifestación frente al Ministerio de Defensa Nacional fue hecha para repudiar el decreto presidencial que permite la intervención militar en la seguridad interna. En el marco parlamentario, la oposición convocó una sesión especial el 7 de agosto para el tratamiento del decreto sobre seguridad interna, con la intención de revocar el decreto firmado por Macri.

Horizonte

Con la nueva alineación del gobierno de Macri con Estados Unidos, nuevas reformas se intentaron materializar siguiendo las orientaciones del Comando Sur, dependiente del Pentágono. Los ejercicios conjuntos, capacitación e instalación de bases de las Fuerzas Armadas estadounidenses también son parte de este proceso y no se debe analizar de forma aislada y sí como un movimiento estructural regional. En este sentido, la reforma iniciada por Macri es una peligrosa derogación del principio de separación entre defensa nacional y seguridad interna, teniendo consecuencias en el sistema democrático. Siendo Argentina uno de los países más pacíficos de la región según el índice global de paz, la construcción de un enemigo interno a ser neutralizado por los militares aumenta el riesgo de desestabilización, aumento de violencia y multiplicación de las violaciones a los derechos humanos.

Andrés del Río é Doutor em Ciências Políticas IESP-UER e professor adjunto de direitos humanos na UFF.

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